La policía militar interviene de forma ilegal en la búsqueda de información clasificada del periodo del Terror Blanco

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El día 7, el primer ministro Simon Chang convocó una rueda de prensa para aclarar la postura del Gobierno en torno a la ilegalidad en la búsqueda de información clasificada del periodo del Terror Blanco por parte de la policía militar. Esta controversia empezó el pasado mes de febrero cuando la policía militar investigó a un ciudadano que puso en venta a través de Internet unos documentos de 1947 durante el Terror Blanco.

 

El primer ministro Chang indicó con respecto a los jefes de los departamentos de Política de Guerra y de la Policía Militar del Ministerio de Defensa, que tienen relación con el caso, que se les ha separado de su cargo de forma temporal con el objetivo de abrir un proceso de investigación.

 

Además, Simon Chang manifestó que Taiwán ha superado el periodo del Terror Blanco desde hace varias décadas. Bajo estas circunstancias, es necesario aclarar los motivos por los que la policía militar haya iniciado investigaciones de dichos documentos.

 

Así lo expresaba el primer ministro: «Estos documentos ya tienen más de 50 años de antigüedad y que por lo visto fueron destruidos hace 30 años. Pero algunos documentos no fueron eliminados y aún permanecen entre la ciudadanía. Ahora hay que aclarar los motivos por los que la policía militar ha iniciado investigaciones de esos documentos».

 

Simon Chang indicó que la implicación de la policía militar en la investigación a un ciudadano ha incitado una serie de dudas sobre lo inadecuado en las formas de tratar el caso. Una de ellas fue la aceptación del ciudadano a ser investigado a pesar de que la policía militar no contara con una orden de investigación.

 

El portavoz de la Oficina Presidencial Charles Chen también manifestó que el presidente Ma Ying-jeou ha dado importancia a este caso. El mandatario ha dado instrucciones al primer ministro Chang y a las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer este asunto lo más pronto posible.

 

Charles Chen lo indicaba así: «El presidente Ma ha dado importancia a este caso. El mandatario ha girado instrucciones al primer ministro Chang y a las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer este asunto lo más pronto posible. El presidente enfatizó que la República de China es una nación que respeta la democracia y los derechos humanos, por lo que el Gobierno tiene la obligación de garantizar un entorno que salvaguarde estos derechos a los ciudadanos».

 

RTI

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